martes, 27 de junio de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PARTICIPO EN EL FORO URBANO NACIONAL REALIZADO EN MENDOZA






El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) participó en el Foro Urbano Nacional que tuvo lugar en Mendoza el Sábado 24 de Junio. Se trató de una jornada de trabajo organizada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Programa Hábitat de Naciones Unidas, que tuvo como objetivo avanzar en la implementación en Argentina de la Nueva Agenda Urbana surgida de la cumbre de Hábitat 3 en Quito el año pasado, y generar diálogos y propuestas para alimentar la elaboración del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. 
En la ceremonia de apertura hicieron uso de la palabra el Intendente de la ciudad anfitriona, Rodolfo Suárez, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el Director de ONU Hábitat, Joan Clos. Posteriormente, Fernando Alvarez de Celis, Subsecretario de Planificación Territorial y Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat, se refirieron a los avances en la implementación de la Nueva Agenda Urbana en nuestro país y a los retos y desafíos del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. En el espacio de talleres se debatió intensamente en grupos de trabajo sobre diversas líneas temáticas. El diputado José Antonio Artusi fue el informante de la Mesa 22 que analizó la cuestión de la gobernanza territorial. Participaron también en la mesa intendentes y funcionarios de las provincias de Córdoba y Mendoza, y la Presidente del Concejo Deliberante de Diamante, Lelia Recalde, quienes estuvieron acompañados por funcionarios de ONU Hábitat y de organismos internacionales de crédito. En relación a las conclusiones y recomendaciones que elaboró la mesa, el legislador uruguayense planteó que "coincidimos en la necesidad de contar con una ley nacional y normas provinciales sobre ordenamiento territorial, uso del suelo y desarrollo urbano, que deberían estar articuladas con planes estratégicos de desarrollo sostenible y con mecanismos de complementación entre políticas urbanas y políticas fiscales, de modo tal de recuperar parte de los recursos que la urbanización genera para financiar programas y proyectos que hagan que el derecho a la ciudad no sea una mera declamación y llegue efectivamente a todos los argentinos". Tras la presentación de los resultados de cada taller se realizó una devolución por parte de expertos en políticas urbanas, Elkin Velázquez y Marco Kamiya, de ONU Hábitat, Martim Smolka, Director para América Latina del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y Fernando Alvarez de Celis, del gobierno nacional. El cierre estuvo a cargo de Joan Clos, Director de ONU Hábitat, quien brindó una disertación con definiciones contundentes a favor de orientar el desarrollo urbano hacia ciudades compactas, densas, bien diseñadas, sostenibles, y que brinden calidad de vida a los ciudadanos. Entre los conceptos vertidos por Joan Clos, cabe destacar los siguientes: "La urbanización debe generar valor y prosperidad"; "la urbanización siempre genera más valor del que cuesta"; "parte del valor generado por la urbanización hay que recuperarlo y reinvertirlo"; "hay que tener mecanismos de redistribución del valor generado por la urbanización"; "la cuestión es la distribución del valor"; "necesitamos densidad bien diseñada, estamos obligados a hacer buen diseño"; "la arquitectura tiene un valor social importantísimo"; "el diseño urbano crea valor". 
El Foro culminó con la lectura y firma de la declaración final, en la que se asumieron compromisos en pos de trabajar por el logro de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana. El diputado Artusi manifestó su satisfacción por el éxito de la convocatoria y el intenso nivel de participación, y manifestó que dialogó con los funcionarios nacionales presentes en el Foro a los efectos de "promover una legislación nacional y provincial de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que permita orientar las inversiones públicas y privadas y regular de manera eficiente y sostenible el crecimiento de las ciudades, para avanzar en el logro de brindar a todos condiciones de vida digna y acceso al suelo y a la vivienda; a servicios básicos y espacios públicos de calidad, en definitiva, concretar el derecho a la ciudad".-
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martes, 13 de junio de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY PARA DEFENDER LA "SOBERANÍA ENERGÉTICA CON VERDADERO SENTIDO FEDERAL"

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley por el que se propone que la provincia de Entre Ríos adopte y defienda ciertos principios rectores de las políticas públicas en materia de soberanía energética, tanto a nivel provincial como en su relacionamiento con las demás provincias y la Nación. Estos principios son los siguientes: 
a) La soberanía energética de la Nación tendrá una matriz independiente de todo requerimiento externo. 
b) Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y los recursos hidroeléctricos existentes en el territorio de la República Argentina, Antártida e islas del Atlántico Sur y la plataforma continental, constituyen bienes estratégicos y son patrimonio inalienable e imprescriptible de la Nación Argentina. Las provincias en cuyo territorio se encuentren tienen el dominio originario, conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional y el artículo 85 de la Constitución Provincial en el caso de la provincia de Entre Ríos, siendo en todos los casos la jurisdicción exclusiva del Estado Nacional. 
c) La participación de todas las provincias y el Estado Nacional en un Consejo Asesor para colaborar en el diseño de la política energética. 
d) El Poder Ejecutivo Nacional fijará la política federal en materia de desarrollo energético, en especial en el sector de hidrocarburos y energía hidroeléctrica, siendo su objetivo principal satisfacer las necesidades energéticas de todo el país, dentro de las más modernas técnicas de uso racional de la energía, y propendiendo a la diversificación de la matriz energética y la promoción de las fuentes de energía renovables, con el fin de garantizar a todos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 
e) La prohibición en todo el territorio nacional del otorgamiento de concesiones y/o cualquier forma de privatización que recaigan sobre los yacimientos de hidrocarburos y sobre la explotación de represas hidroeléctricas. 
f) El establecimiento de un impuesto al petróleo crudo procesado que será destinado de manera exclusiva a la construcción de represas hidroeléctricas, el desarrollo de energías renovables y alternativas, y el saneamiento ambiental. 
g) El pago de regalías a las provincias productoras de hidrocarburos y a aquellas en cuyos territorios se encuentren localizadas represas hidroeléctricas; y el establecimiento de un régimen de coparticipación energética y de retribución por pago de servicios ambientales para la Provincia que disponga que un porcentaje a determinar de la energía que le corresponde a la República Argentina, que generen los emprendimientos hidroeléctricos realizados en el territorio de la Provincia de Entre Ríos o que causen impacto ambiental en la misma, es de propiedad inalienable, imprescriptible e irrenunciable de la Provincia. 
h) El establecimiento de una tarifa diferenciada para el consumo de energía eléctrica en la Provincia de Entre Ríos, fijada de acuerdo al aporte energético realizado a toda la Nación por la represa de Salto Grande. 
i) El derecho permanente de la Provincia de Entre Ríos a percibir los excedentes derivados de la explotación del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, en un porcentaje que nunca podrá ser inferior al SESENTA Y SIETE CON CINCO POR CIENTO (67.5%). 
j) La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes en lo relativo a su aprovechamiento hidroeléctrico. 
k) La investigación y promoción de las fuentes de energía renovables más apropiadas para la provincia de Entre Ríos, para impulsar el desarrollo sostenible, la ocupación plena y equilibrada del territorio provincial, y la equidad social. 
l) La consideración del derecho a la energía como un derecho económico y social indispensable para la concreción de condiciones que permitan una vida digna a todos los ciudadanos, y para garantizar el acceso efectivo al derecho a un ambiente sano y a una vivienda digna, entre otros, garantizados en la Constitución Provincial. 
m) La defensa de los derechos de consumidores y usuarios de servicios públicos de provisión de energía, considerando a tales efectos como servicio público a todas las alternativas de suministro, incluyendo el gas envasado en cualquiera de sus formas. 
La iniciativa del legislador radical, en su artículo 2º contempla que "el Poder Ejecutivo Provincial deberá realizar todas las acciones y gestiones tendientes al logro de la implementación por parte de la Nación y de otras provincias de políticas públicas energéticas basadas en los principios mencionados". 
Reproducimos a continuación los fundamentos del proyecto: 
El presente proyecto de ley pretende fijar una serie de principios rectores que deberían orientar el diseño e implementación de las políticas públicas energéticas de la Provincia de Entre Ríos, tanto a nivel interno como en su relacionamiento con las demás provincias y con la Nación. Entendemos que el término “soberanía energética” debe definirse de manera clara y precisa, para no dar lugar a ambigüedades ni confusiones de ningún tipo. Está claro que somos una Nación que no por casualidad en el primer artículo de la sabia y progresista Constitución Nacional de 1853 – forjada en buena parte al calor de las luchas que se llevaron adelante desde nuestra provincia – establece su forma de gobierno como “representativa, republicana y federal”. La reivindicación del federalismo forma parte de un conjunto de coincidencias básicas que, a partir de cierto momento, nunca estuvieron puestas en tela de juicio por parte de los partidos políticos. Sin embargo, más allá de las declamaciones, resulta necesario definir de manera adecuada el sentido del verdadero esquema federalista que debemos perfeccionar en el siglo XXI. Ello es particularmente imperioso en el caso de las políticas energéticas y específicamente en lo atinente a los recursos naturales estratégicos vinculados a la generación de energía, sobre todo a partir de la introducción del artículo 124 en la reforma constitucional nacional en 1994 y del artículo 85 de la Constitución Provincial reformada en 2008, que otorgan a las provincias el “dominio originario” de los recursos naturales. Consideramos que es sumamente necesario definir correctamente el significado de estos términos, de modo tal de defender el federalismo y las autonomías provinciales pero sin caer por ello en una concepción deformada del ideal federalista que resulte finalmente contraproducente para los intereses de las provincias y de la Nación en su conjunto. Debemos defender un federalismo genuino, que es contrario a una posición que a menudo adopta su ropaje pero esconde en el fondo una concepción seudo – federalista, más cercana a un “provincianismo” que – ingenuo o interesado – ha servido en numerosas ocasiones para perfeccionar la entrega, privatización y extranjerización de nuestros recursos naturales. Ya Hipólito Yrigoyen alertaba acerca de los riesgos de esa posición contraria a los intereses nacionales que se pretendía legitimar con las banderas del federalismo, y cabe recordar sus luchas contra las oligarquías provinciales enquistadas en el Senado que le impidieron a él y a Marcelo de Alvear la tan ansiada ley de nacionalización de hidrocarburos, que sólo vería la luz durante la Presidencia de Arturo Frondizi y sería luego derogada por un decreto ley en la dictadura de Onganía. Sostiene al respecto Gustavo Calleja que “Yrigoyen, Alvear y Mosconi comprendieron la importancia creciente que el petróleo adquiría en el mundo y la imprescindible necesidad de priorizar su desarrollo interno mediante la acción directa del Estado nacional… Yrigoyen tenía entendido que no debía pasarle al subsuelo lo mismo que había sucedido con el suelo, al que denominaba la primera riqueza nativa… Yrigoyen entendía que: a) los hidrocarburos constituían una cuestión de Estado, sin dudas estratégica y vital, b) el subsuelo pertenecía a la Nación, sin ingerencias de los Estados provinciales, cuya autonomía era de los pueblos y no de los gobernadores; c) debían ser explotados integralmente por YPF y utilizados para el desarrollo interno, descartando las exportaciones”. (Rogel, Calleja y Olmos 2013) Es por ello que el primer principio, acorde con la necesidad de reivindicar la unión nacional y la autodeterminación frente a intereses extranjeros, se define de la siguiente manera: “a) La soberanía energética de la Nación tendrá una matriz independiente de todo requerimiento externo.”. El inciso b) del artículo 1º responde al criterio mencionado de conciliar el federalismo bien entendido con la defensa armónica de los intereses nacionales. Eduardo Conesa (Conesa, 2012), en un artículo titulado “El impuesto a la tierra libre de mejoras, recursos naturales, hidrocarburos y el federalismo en la Argentina”, sostiene, en relación al artículo 124 de la Constitución Nacional (“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”), que… “existe en nuestro país una gran confusión sobre la interpretación de esta cláusula. Para dilucidar el punto debemos puntualizar qué se entiende por dominio originario. Nada mejor al respecto que referir la cuestión a Dalmacio Vélez Sarsfield, quien fuera autor del Código Civil actual, Ministro de Hacienda en la Presidencia de Mitre y del Interior en la de Sarmiento, y sobre todo profesor de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires. Todo un gran maestro en el Análisis Económico del Derecho. Escribía Vélez en la nota al Art. 2507 del Código Civil: “Muchos autores dividen la propiedad en la propiedad soberana del Estado y en la propiedad del derecho civil, en otros términos, en dominio eminente y dominio civil. La Nación tiene el derecho de reglamentar las condiciones y las cargas públicas de la propiedad privada. El ser colectivo que se llama Estado tiene respecto de los bienes que están en su territorio, un poder, un derecho superior de legislación, de jurisdicción y de contribución, que aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una parte de la soberanía territorial interior. A este derecho del Estado, que no es un verdadero derecho de la propiedad o dominio, corresponde el deber de los propietarios de someter sus derechos a las restricciones necesarias al interés general, y de contribuir a los gastos necesarios a la existencia, o al mayor bien del Estado.” Está claro que el “dominio originario” no es ni más ni menos que el “dominio eminente” al que se refiere Vélez Sarsfield. Y si bien es cierto que las provincias tienen ese dominio eminente u originario, en gran medida lo han delegado en la Nación al aprobar la Constitución de 1853-60 y 1994. Ejemplo de esa delegación es la autorización del Art. 75 Inc. 12 al Congreso Nacional para dictar el Código Civil y el de Minería que precisamente tratan de los alcances de la propiedad civil y minera-petrolera-gasífera, lo cual es correlativo de la estricta prohibición a las provincias de ejercer el poder delegado a la Nación según reza el Art. 126, como dictar los códigos de fondo establecer aduanas interprovinciales y otras. Para mayor redundancia, la Constitución vuelve a prohibir a las provincias establecer derechos aduaneros en el trascripto Art. 75 inciso 1. Y además en el Art. 9 reitera que no habrá más aduanas que las nacionales en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. El Art. 10 por su parte establece que el interior de la República es libre de derechos de circulación de los efectos de producción nacional, y libres también serán las mercancías de todas clases despachadas por las aduanas exteriores. La Constitución quita a las provincias también en los Arts. 11 y 12 el derecho a establecer peajes de tránsito a carruajes, buques y bestias en todo el territorio nacional. A mayor abundamiento establece en los Arts. 7 y 8 que el ciudadano de una provincia es ciudadano de las demás y que los procedimientos y actos públicos en una provincia hacen fe en las demás. Todas estas normas tienden a crear un gran mercado nacional para promover el desarrollo económico.” (Conesa 2012) Concluyendo el punto 5 del mencionado artículo (“¿Avance sobre el dominio originario provincial, o por el contrario, interpretación racional de la Constitución de acuerdo a los principios del Análisis Económico del Derecho?”), el autor considera necesario puntualizar que… “A mayor abundamiento debe señalarse que las provincias “originarias”, que tendrían fundamentos para reclamar el dominio “originario”, aunque luego cedido en gran parte a la Nación en la Constitución de 1853-60 y luego más radicalmente aun en la de 1949, son las 14 primeras que estuvieron presentes en la formación de la Nación en las convenciones constituyentes del siglo XIX. Esto es Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta, La Rioja y Jujuy. Las demás provincias no pueden aducir ningún “dominio originario” por cuanto fueron creadas por leyes del Congreso de la Nación o por decretos leyes del Poder Ejecutivo Nacional en la segunda mitad del siglo XX. A saber La Pampa nació como provincia recién el 8 de agosto de 1951, al igual que el Chaco. Formosa fue creada en 1955; Misiones en 1953; Neuquen en 1955; Río Negro en 1955; Chubut en 1955; Santa Cruz en 1956 y Tierra del Fuego en 1990. Reitero, estas últimas provincias, como no fueron originarias, mal podrían tener un dominio originario auténtico.” (Conesa 2012) No debemos pasar por alto la mención que hace Conesa a la hoy olvidada reforma constitucional de 1949. En efecto, el artículo 40 de esta Constitución establecía una radical nacionalización de los recursos naturales energéticos: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.” Obsérvese que se formulaba allí una distinción neta entre los recursos hidrocarburíferos e hidroeléctricos por un lado, por tratarse de recursos estratégicos, y los recursos vegetales, por otro. Es sabido que uno de los grandes protagonistas de aquella reforma en general, y específicamente en la redacción del artículo 40 fue el concordiense Arturo Sampay. No cabe aquí hacer una valoración global de aquella Constitución ni de las motivaciones centrales del proceso reformista, pero sí es menester señalar que el mencionado artículo, en lo referente a la nacionalización de los recursos energéticos, ha sido reconocido – directa o indirectamente – por exponentes de diversas fuerzas políticas, aún de aquellas no identificadas con el peronismo. Lamentablemente, a nuestro entender, en 1994 ni unos ni otros reivindicaron este antecedente y se pasó a la concepción del artículo 124, que - más allá de las buenas intenciones de sus impulsores y del espíritu federalista que lo parece animar - ha dado lugar a confusiones, tal como comenta Conesa, y en definitiva a peligrosas malas interpretaciones y deformaciones, que abren las puertas de un seudo federalismo desintegrador de nefastas consecuencias. En el punto 6 de su trabajo (“El dominio originario residual sobre los hidrocarburos”) Eduardo Conesa argumenta que… “Las consideraciones anteriores sobre el dominio originario, o su equivalente, el eminente sobre la tierra se aplican, por supuesto, al petróleo, al gas y a los minerales en general que están obviamente dentro del territorio nacional. Las provincias tienen un cierto dominio originario, igual al eminente, pero residual sobre ellos, dependiendo, como afirmamos antes, de lo que establezcan los códigos de fondo. Porque al delegar en el Congreso de la Nación el dictado del Código Civil y el de Minería que precisamente tratan de la propiedad de la tierra y de los minerales, incluidos los hidrocarburos en estos últimos, solo les queda a las provincias como derecho el cobro a su favor la contribución territorial es decir el impuesto inmobiliario directo en el caso de las tierras, y de las regalías en el caso de los hidrocarburos y los minerales Es más, al tener el Congreso de la Nación la facultad de establecer los derechos de importación y exportación de hidrocarburos y de los frutos de la tierra en general, la misma Nación está en condiciones de regular el contenido verdaderamente económico de la propiedad de los hidrocarburos y los frutos de la tierra en el mercado interno. Y el poder de la Nación se acrecienta. Mas aun cuando también le corresponde el poder de regular el comercio interprovincial por vía de la autorización para la construcción de oleoductos, gasoductos, caminos y ferrocarriles interprovinciales. Queda como atribución de las provincias la mera aplicación de las leyes de fondo nacionales según reza el Art. 75 inc. 12. Ello es así además por cuanto si nos remontamos al auténtico “dominio originario” debemos recurrir a las ordenanzas de Toledo de 1574 o las de Carlos III de 1783 que depositaban la soberanía sobre las minas en los Reyes de España. Y como la Nación Argentina es la sucesora legal indiscutible de la corona española, el verdadero dominio originario corresponde a la Nación, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia[25] siguiendo al gran maestro de nuestra Constitución histórica, el riojano Joaquín V. González. La cuestión, por supuesto, es motivo de controversia entre los juristas[26], pero a mi juicio, el contenido de las cláusulas económicas de la Constitución referentes al mercado nacional sumadas a las atribuciones de legislación que tiene la Nación sobre la base del Art. 75 inciso 12, tornan irrelevante el “dominio originario” provincial del Art. 124 bajo análisis. Para corroborar nuestra interpretación de la Constitución Argentina, cabe señalar que en todos los países de América Latina, siguiendo al regalismo del Virrey Toledo y el Rey Carlos III, el petróleo pertenece a los Estados nacionales como herederos de la Corona, y no a las provincias que los componen.” (Conesa 2012). La cita (26) del párrafo precedente corresponde a un trabajo de Orlando De Simone, “El dominio de los hidrocarburos y la ley 26.197”, en el que, entre otras consideraciones, sostiene que… “La Constitución Nacional de 1949, declaró a los minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación. Algunos años más tarde, la proclama del 27 de abril de 1956 del gobierno revolucionario declaró la vigencia de la Constitución de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Llegarían luego la Ley 14773 que declaró los yacimientos de hidrocarburos bienes inalienables e imprescriptibles del Estado Nacional, estableciendo el monopolio estatal de su explotación y prohibiendo el otorgamiento de concesiones y, nueve años después, la Ley 17319 ratificó la propiedad inalienable e imprescriptible de los yacimientos de hidrocarburos como pertenecientes al patrimonio del Estado Nacional, y estableció un sistema mixto al reservar áreas para las empresas estatales y el otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación y de transporte. Más tarde, la Ley 24145 transfirió “el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación vigente”. Esta transferencia quedaba condicionada a la sanción y promulgación de la nueva ley de hidrocarburos encomendada a una Comisión de Provincialización de Hidrocarburos, la que nunca fue sancionada. Finalmente, la Convención Nacional Constituyente de 1994 incorporó a la Constitución Nacional el artículo 124 que en su último párrafo establece que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. (De Simone s.f.) La redacción del inciso b) y otros del artículo 1º está basada en algunos contenidos del proyecto de ley de hidrocarburos presentado por el diputado nacional Fabián Rogel el día 27 de Junio de 2012 (Expediente 4531- D – 2012). En definitiva, las consideraciones que hacemos y los argumentos que presentamos en relación a los hidrocarburos deben aplicarse también a los recursos hidroeléctricos y a los complejos destinados a su explotación. Mal podemos reivindicar la pertinencia de la jurisdicción nacional en el caso del petróleo y a la vez pretender que el mismo criterio no se aplique, por ejemplo, al complejo de Salto Grande, o al de Yaciretá, o a los emprendimientos hidroeléctricos que aún son asignaturas pendientes. Es así que en vez de postular simpáticos a simple vista pero inviables e inconducentes planteos de “provincialización”, preferimos postular la defensa de los intereses de los entrerrianos de una manera más coherente y a la vez realista. El dominio originario previsto en la Constitución Nacional y en la provincial da lugar a regalías, y en virtud de la legislación vigente deben liquidarse como corresponde los excedentes, revirtiendo la inadecuada liquidación de tales recursos que viene desde la gestión del Presidente Duhalde, con cuadros tarifarios adecuados y normas que no retaceen a la provincia los montos que realmente le corresponden. Pero además proponemos, en el inciso g), el establecimiento de un régimen de coparticipación energética y de retribución por pago de servicios ambientales para la Provincia. El inciso g) del artículo 1º tiene como antecedente a la ley nº IV – 56 de la hermana Provincia de Misiones, en sus artículos 8º y 9º. Está claro que el logro de un régimen de coparticipación energética de esa naturaleza no depende sólo de la voluntad de nuestro gobierno, y demandará complejas y arduas negociaciones, pero es a todas luces más factible que reclamar la “provincialización” de un complejo hidroeléctrico que ningún gobierno nacional de ningún signo político consentirá jamás. Llama en todo caso poderosamente la atención que quienes ahora lo proponen tuvieron 12 años de magníficas condiciones políticas para aprobarlo tanto en el plano legislativo provincial como nacional, pero sin embargo iniciativas en tal sentido brillaron en ese entonces por su ausencia. Volviendo al mencionado texto de Eduardo Conesa, este autor señala, en referencia al libro “Petróleo y Política”, de Arturo Frondizi, que… “Todo el libro de Frondizi gira alrededor de la inconveniencia del sistema de concesiones porque el mismo implica otorgar en propiedad el yacimiento; y obtenida esa propiedad, los concesionarios solían mantener los yacimientos sin producir porque les interesaba importar petróleo de otros países donde sus costos de explotación eran menores, o sus ganancias mayores. Por eso, después, cuando Frondizi alcanzó la presidencia en 1958, hizo dictar por el Congreso la ley 14773 estableciendo que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, otorgándose a las provincias una regalía del 12% en función de su dominio originario o eminente. Y las provincias, especialmente las patagónicas aceptaron gustosas… El sistema de concesiones tan criticado por Frondizi se materializó luego lamentablemente, y en gran escala, con la compra de YPF por la española REPSOL[30] en 1999-2012. A los españoles les interesaba permanecer en la Argentina por razones de prestigio, pero verdaderamente estaban interesados en invertir en Méjico y Brasil. Por eso perforaron solo un promedio 10 pozos exploratorios por año, cuando en el decenio de los ochentas, la YPF estatal perforó un promedio de 177. Consistente con su política de reservas y de no invertir, vendieron parte de su participación a un grupo argentino que carecía de la experiencia técnica en la materia y de los capitales necesarios, pero encuadraba dentro del concepto del “capitalismo de amigos” del gobierno. Así REPSOL lograba mantener contento al gobierno con una migaja clientelista, mientras el país perdía el autoabastecimiento. Felizmente el gobierno argentino reaccionó en abril de 2012, aunque tardíamente, y dio marcha atrás en su política de privatización petrolera[31]. Repsol era originariamente una empresa paraestatal española sin experiencia. Tenía solamente estaciones de servicio. Nos hizo perder el autoabastecimiento. Fomentó las importaciones de petróleo y gas, y redujo las reservas nacionales probadas de petróleo en un 50% y las de gas en un 70%: un vaciamiento empresario espectacular. Todo estaba escrito. Y así sucedió. Además el desastre era harto previsible porque en los últimos catorce años en nuestro país hubo trece Estados distintos con políticas petroleras diferentes. Por una parte la política petrolera de España ejercitada por Repsol. Por otra, la política petrolera de Brasil ejercitada por Petrobras, que finalmente vendió a grupos clientelistas locales. Por otra, la anti-política petrolera del Estado nacional argentino que recién en abril de 2012 se dio cuenta del desaguisado que había generado. Y por último, las 10 políticas petroleras distintas de los estados provinciales con petróleo amparados en el redundante artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 sobre el supuesto “dominio originario”. Dicha política consistió en otorgar concesiones dentro del concepto de “capitalismo de amigos” para beneficio de quien sabe que [32]. Pero mas allá del problema de la corrupción, los provincias no están en condiciones de negociar el contenido económico de las concesiones, ya que el precio interno del fluido y las reglas de su comercialización en mercado interno del país o en el exterior son de incumbencia del Estado Nacional. A ello se agrega la falta de simetría en el poder negociador dado por el enorme conocimiento técnico de las poderosas corporaciones multinacionales del petróleo frente el desamparo técnico y económico de nuestras provincias tomadas individualmente.” (Conesa, 2012). Los argumentos expuestos y los antecedentes de la política petrolera muestran a las claras como una supuesta “provincialización” puede en efecto constituir una peligrosa puerta abierta a la privatización, extranjerización y entrega de nuestros recursos naturales. Debemos agradecer la colaboración prestada a través de comentarios y sugerencias formulados por el Cdor. Gustavo Calleja y el Dr. Jorge D´Agostino en el proceso de redacción de esta inciativa. Creemos sinceramente que el presente proyecto de ley, en sus aspectos fundamentales, más allá de modificaciones y correcciones que puedan surgir del trabajo en comisión y de la consulta a especialistas y de la participación ciudadana, está en condiciones de concitar el acuerdo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pues recoge reivindicaciones y principios que constituyeron banderas comunes de nuestros partidos durnate buena parte de la historia argentina. Será condición sine qua non para el éxito de las negociaciones en pos del logro parcial o total de las reivindicaciones que aquí se formulan que el planteo cuente con el acuerdo unánime en su trazo grueso por parte de los principales partidos políticos, más allá de las lógicas diferencias de matices. Es por ello que nos permitimos solicitar su pronto y favorable tratamiento.- 

Bibliografía consultada 
Conesa, E. (20 de Julio de 2012). El impuesto a la tierra libre de mejoras, recursos naturales, hidrocarburos y el federalismo en la Argentina. Recuperado el 18 de Abril de 2017, de http://www.eduardoconesa.com.ar/upload/pdfs%20articulos/2014-TIERRA%20PETROLEO%20Y%20FEDERALISMO.pdf  

De Simone, O. (s.f.). El dominio de los hidrocarburos y la ley 26.197. Recuperado el 18 de Abril de 2017, de http://www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id5/el-dominio-de-los-hidrocarburos-y-la-ley-26197.pdf 

 Rogel, F., Calleja, G., & Olmos, A. (2013). Volver a empezar. Pasado, presente y futuro de los hidrocarburos en la República Argentina . Buenos Aires: Congreso de la Nación.
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jueves, 25 de mayo de 2017

Docente de la UCU participará en un curso del Lincoln Institute en Quito, Ecuador

El Arq. José Antonio Artusi, profesor de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay fue seleccionado para asistir a un curso del Lincoln Institute of Land Policy sobre "El impuesto predial: potencial de desempeño y potencial de contribución para el desarrollo sostenible de las ciudades latinoamericanas", que se desarrollará en Quito, Ecuador, del 29 de Mayo al 2 de Junio. 
El impuesto predial es un instrumento de reducción de desigualdades, de distribución justa del costo de mantenimiento de las ciudades y de promoción de desarrollo urbano sostenible. Su efectividad y eficacia dependen tanto de su diseño (estructura legal e institucional) como de su gestión y administración. En América Latina, su importancia como fuente de ingresos es reducida. En promedio, los países latinoamericanos recaudan alrededor de 0.30%-0.35% del PIB y la mayor recaudación es inferior al 0.80% del PIB. La variabilidad de desempeño entre ciudades de un mismo país es alta y son pocos los municipios responsables de una gran parte de la recaudación en los países. Además, los sistemas de imposición del impuesto predial son frecuentemente marcados por iniquidades e ineficiencias, y es también notoria en la región la falta de integración entre las políticas urbanas y fiscales. Sin embargo, es posible cambiar esta realidad. 
Al reunir representantes de distintos países en América Latina así como expertos en tributación inmobiliaria, mercado de tierras y desarrollo urbano, el curso propicia el intercambio de conocimientos y puntos de vista, la evaluación de experiencias exitosas, y el análisis de prácticas innovadoras. Asimismo, con el objetivo de inspirar cambios normativos, superación de los obstáculos políticos y de las debilidades de carácter técnico-administrativo, el curso proporciona una mejor comprensión de la finalidad, efectos, límites, desafíos y el potencial del impuesto predial. Se estudian los fundamentos del mercado de tierras, la importancia del impuesto predial para la salud fiscal de los municipios, los desafíos de las ciudades latinoamericanas, los factores determinantes del desempeño, y las principales tendencias en los sistemas de tributación inmobiliaria para la construcción de ciudades más eficientes y la promoción del desarrollo urbano sostenible. Se mapean las áreas de conflicto jurídico y se discuten los temas de interpretación legal controvertida en la tributación de inmuebles. La mesa de debates sobre política fiscal y extra fiscalidad promueve la discusión de temas tales como tasas, beneficios fiscales y límites de la descentralización fiscal. La agenda del curso también incluye la gestión de proyectos de re-estructuración catastral y rutinas de actualización continua de datos; valuación de inmuebles urbanos, rurales y de inmuebles especiales; control de calidad de los trabajos de valuación; estrategias eficientes de combate a la evasión y recuperación de deudas; atención al contribuyente y la importancia de la educación fiscal.
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miércoles, 24 de mayo de 2017

EL PJ ENTRERRIANO, O LA INCORREGIBLE COSTUMBRE DE NO HACERSE CARGO...

Por José Antonio Artusi / No sorprende, a esta altura de los acontecimientos, la incorregible costumbre del Partido Justicialista entrerriano y de sus funcionarios y legisladores de no hacerse cargo de los desaguisados de sus propias gestiones, o sea las de Busti, Urribarri y su continuidad, la de Bordet; y de pretender responsabilizar a otros de la ineficiencia de sus políticas públicas. 
Es así que hemos visto diversas expresiones tendientes a mostrar un supuesto y falaz contraste entre un gobierno provincial que sería el campeón de la obra pública y la contención social y una administración nacional insensible y entreguista. Es curioso que se llegue a utilizar la expresión "la mayor entrega del patrimonio nacional" por parte del partido que privatizó, entregó y extranjerizó YPF, Gas del Estado, nuestros recursos hidrocarburíferos y otras empresas estatales; y que sólo no pudo hacerlo con Salto Grande por la resistencia popular.
Vale la pena mirar los números de la ejecución presupuestaria provincial del año pasado para desmitificar algunos slogans y frases hechas lanzadas al aire que no resisten el menor análisis. En 2016 se puede observar un aumento del gasto en personal del 41% con respecto al 2015 y una disminución del 6,4% en la inversión real directa, o sea la obra pública y la adquisición de bienes de capital, a lo que hay que sumar el impacto de la inflación. El aumento del gasto en personal no se compadece con los aumentos salariales que tuvieron los agentes de la administración pública, que aún reclaman con toda legitimidad una recomposición de su poder adquisitivo. Si comparamos el presupuesto del 2016 con la ejecución efectivamente realizada, nos encontramos con una sobreejecución (gasto mayor a lo presupuestado) del 27,6% en el rubro personal y una subejecución (gasto menor a lo presupuestado) de - 61% en el caso de la inversión real directa. Si el año pasado la ejecución real de este rubro fue algo más de 2.600 millones de pesos tenemos razones valederas para permitirnos ser escépticos con que este año se ejecuten los más de 8.800 millones presupuestados para inversión real directa. 
Es útil también mirar algunos números vinculados a la construcción de viviendas. Llama en este sentido la atención el hecho de que en plena crisis, y sólo con recursos del FONAVI, el IAPV lograra terminar entre 2000 y 2003 un promedio de 1130 viviendas por año, mientras que en 2008 y 2011, con muchos más recursos por el aumento de la recaudación y por ende del FONAVI pero además con el aditamento de los programas federales, se terminaran sólo a razón de un promedio de 1051 por año, y entre 2012 y 2015 un promedio de 1251, muy poco por encima de la performance de 15 años atrás. Y el año pasado el IAPV habría finalizado sólo 912 viviendas, por lo que deberá esmerarse en los 3 años siguientes para superar aquellos promedios. Mal puede esta ineficiencia de gestiones provinciales atribuirse al actual gobierno nacional, que transfirió el año pasado al IAPV más de 830 millones de pesos, con un aumento de casi el 45% con respecto al 2015, siendo sólo superada por la Provincia de Buenos Aires, y privilegiada notoriamente con respecto a las provincias hermanas de la Región Centro. En lo que va del año 2017 las transferencias al IAPV lo ubican como el cuarto instituto provincial que más fondos recibió, superando en este caso aún a la provincia de Buenos Aires, y si sumamos todos los entes ejecutores Entre Ríos es la tercera. Las más de 7.000 viviendas sociales en construcción en este momento en la provincia se financian en mayor o menor medida con fondos nacionales, ya sea a través del IAPV, consorcios, entidades como Cáritas o municipios. Y la prueba más palpable de la no discriminación a la hora de asignar fondos es que un municipio como Concordia, históricamente gobernado por el PJ y con altísimos índices de pobreza y déficit habitacional, cuenta en este momento con más de 700 viviendas en construcción que tienen al municipio como ente ejecutor. 
Con respecto al endeudamiento, existe una diferencia fundamental entre el gobierno nacional y el provincial. La administración del Presidente Macri heredó una situación caótica en la cuentas públicas, con altísima inflación, déficit récord, recesión, crisis del sector externo, etc. y el endeudamiento, ahora posible porque se ordenó el mercado cambiario y se salió del default, está permitiendo poner en marcha uno de los más ambiciosos programas de obras públicas de nuestra historia; que ha logrado, por ejemplo, que en marzo la construcción aumente casi un 11% y que el consumo de asfalto vial anote en dicho mes su pico histórico más alto. En Entre Ríos, en cambio, el endeudamiento es imprescindible no sólo para reprogramar una deuda carísima y de corto plazo sino también para atender el déficit que heredaron de sí mismos y para solventar un aumento insostenible del gasto corriente. 
No es mirando para el costado frente a la propia ineficiencia ni acusando livianamente al gobierno nacional de nuestros males cómo vamos a salir adelante. Más bien, parece necesario reconocer que Entre Ríos carece de un plan estratégico de desarrollo provincial, y que el gobierno debe convocar a todos los sectores políticos, económicos y sociales a participar activamente en la búsqueda de acuerdos amplios y generosos que lo sustenten en el tiempo. Sólo de esa manera podremos avizorar un futuro mejor para todos los entrerrianos.-
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domingo, 7 de mayo de 2017

Jornada sobre Políticas Públicas Municipales del Programa "Capacitados para Gobernar"














Participé este Sábado 6 de Mayo en San José en la 1ª Jornada sobre Políticas Públicas Municipales del Programa "Capacitados para Gobernar" organizadas por la Juventud Radical del Departamento Colón y asupiciadas por el Rectorado de la UCR de Entre Ríos. Agradezco la invitación y me honra haber coordinado el Taller de Políticas Públicas de Salud. Estaremos siempre, en las buenas y en las malas - y en las malas mucho más - acompañando los esfuerzos de la Juventud Radical en pos de la formación política y la capacitación de nuestros militantes y dirigentes. Adelante...!
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viernes, 5 de mayo de 2017

LEGISLADORES DE CAMBIEMOS EN ROSARIO DEL TALA







Diputados provinciales de Cambiemos y el diputado nacional Jorge D´Agostino visitaron el Jueves 4 de Mayo la ciudad de Rosario del Tala. Los legisladores fueron recibidos por el Presidente Municipal Hugo Pitura, el Vicepresidente Gregorio Vaschuk, concejales y funcionarios locales, quienes brindaron un amplio informe acerca de la marcha de la gestión y los proyectos encarados. El diputado provincial José Antonio Artusi interesó al Intendente Pitura y a los concejales presentes en la necesidad de reclamar la concreción del proyecto de una autovía que una las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay, utilizando a tal efecto las trazas de las rutas nacional nº 12 y provincial nº 39. En tal sentido, el legislador uruguayense mencionó un proyecto de declaración de su autoría presentado en la Cámara de Diputados. 
Posteriormente, y tras tomar contacto con medios de comunicación y dialogar con representantes de ATE y de instituciones vecinales, los legisladores de Cambiemos visitaron 3 barrios en los que se está llevando adelante un proyecto financiado por el gobierno nacional en el marco del Plan Nacional de Hábitat, tendiente a mejorar la calidad del espacio público, la accesibilidad, y la prestación de servicios básicos. La obra financiará a alrededor de 2.800 vecinos y permitirá una mejora sustancial de su calidad de vida.
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Legisladores de Cambiemos se reunieron con el presidente del IAPV."Está garantizado el funcionamiento del Instituto"

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El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), tiene garantizado su funcionamiento y las fuentes laborales de esa entidad y la de los obreros de la construcción, y las viviendas en ejecución en Entre Ríos demuestran que la provincia ha sido privilegiada en lo que va de este año y en 2016 por parte del gobierno nacional, en este aspecto. Así evaluaron diputados y senadores del Frente Cambiemos, al término de la reunión que mantuvieron esta mañana con el titular del IAPV, Alfredo Francolini y con el vice presidente, Marcelo Daniel Báez, en la que se analizó la actividad de esa entidad estatal, su situación, la del sector de la construcción, los planes en ejecución y la atención por parte de la Nación en la búsqueda de paliar el déficit habitacional, entre otros puntos. "Hay programas en marcha, no hay recortes de fondos y, por el contrario, Entre Ríos ha sido privilegiada en el contexto nacional el año pasado y lo que va de este", señalaron los legisladores de Cambiemos luego de la reunión realizada en el bloque de Diputados. En ese sentido precisaron que los aportes del gobierno nacional, "han significado que Entre Ríos sea la segunda provincia en el país que más fondos ha recibido", en materia de planes de vivienda, desde el inicio de la gestión en diciembre de 2015. 
DOBLE DISCURSO. En la conversación, los legisladores le manifestaron también a la autoridades del IAPV, que lamentan "el doble discurso que se enarbola cuando ante funcionarios nacionales se expresa una postura, y por otro lado aparecen legisladores justicialistas provinciales y nacionales, con manifestaciones irresponsables y carentes de fundamento, alejadas de la realidad, detractoras del gobierno nacional y generando temores infundados ante la opinión pública", remarcaron. El encuentro se realizó esta mañana en el bloque de diputados de Cambiemos con la finalidad de dialogar con las máximas autoridades del IAPV para intercambiar opiniones y conocer su verdadera situación, como la marcha de las obras en ejecución y los proyectos para este año. Estuvieron presentes los diputados, Sergio Kneeteman, Gabriela Lena, José A. Artusi, Esteban Vitor, Alberto Rotman y Foady Sosa y los senadores Roque Ferari (Victoria), Miguel Piana (Federación), Raymundo Kisser (Paraná) y Beltrán Lora (Nogoyá).
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2ª SESIÓN ORDINARIA DEL 138º PERÍODO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RÍOS

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El pasado día 25 de Abril participamos en la 2º sesión ordinaria del 138º período legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. 
En la oportunidad ingresaron 6 proyectos de mi autoría: 
- Expediente 21977. Link Proyecto de ley por el que se propone modificar el Código Fiscal a los efectos de eximir en nuestra provincia del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios para la adquisición y/o construcción de inmuebles destinados a vivienda familiar única. Fue girado a comisión. 
- Expediente 21990. Link  Proyecto de declaración por el que se vería con agrado que el Senado nacional apruebe el proyecto de ley Expediente 4829D2016 por el que se proponen modificaciones a la ley nº 24660 referida a la ejecución de la pena privativa de la libertad. Fue girado a comisión. 
- Expediente 21992. Link  Pedido de informes acerca de las acciones llevadas adelante por la Secretaría de Ambiente en su carácter de autoridad de aplicación de la ley nº 10.311 (Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos). Se harán las comunicaciones correspondientes. 
- Expediente 21993. Link  Proyecto de declaración por el que se declara de interés el trabajo desarrollado en el ámbito del Laboratorio de Energías Renovables de la Facultad Regional Paraná de la UTN sobre instalación de turbinas hidrocinéticas y proponiendo su instalación en el puente que unirá las ciudades de Santa Fe y Paraná. Fue tratado sobre tables y aprobado. 
- Expediente 21994. Link  Proyecto de declaración por el que se propone la realización de estudios y proyectos tendientes a la concreción de un Centro de Convenciones en la ciudad de Concepción del Uruguay. Fue girado a comisión. 
- Expediente 22000. Link  Proyecto de ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar el ofrecimiento de donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Concepción del Uruguay con destino a la construcción de un edificio para la Escuela de Enseñanza Técnica nº 13 "Dr. Héctor Buenaventura Sauret". Fue girado a comisión. Además, al momento de tratar el orden del día fue aprobado el dictamen de la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en relación a un proyecto de mi autoría, expediente 21516, proyecto de ley por el que se propone la creación del Programa Provincial de Construcciones en Madera. Link  Fue aprobado y pasó a la Cámara de Senadores.
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sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al I.A.P.V.


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA
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jueves, 30 de marzo de 2017

A 41 años del golpe: NUNCA MÁS!


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domingo, 5 de marzo de 2017

Entrevista en Impacto Regional

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jueves, 23 de febrero de 2017

SALTO GRANDE ES NACIONAL, Y ES UN PROYECTO INCONCLUSO


Por José Antonio Artusi / "... Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias...." Del artículo 40 de la Constitución de 1949. Inspiración del convencional entrerriano Arturo Sampay. Esa reforma constitucional nació viciada y tuvo como único fin la reelección de Perón, tal como lo denunciara Moisés Lebensohn en su histórico discurso en la convención; pero la nacionalización de los hidrocarburos fue un gran avance que todos haríamos bien en reivindicar, y que lamentablemente radicales y peronistas traicionamos en la reforma del 94, también generada por la posibilidad de incluir la reelección presidencial; que la sabia Constitución de 1853 no contemplaba. 
Pero volvamos al artículo 40; parece que algunos compañeros se olvidaron. Ironías de la historia, Sampay era concordiense. 
Salto Grande es nacional, mejor dicho, binacional. Entre Ríos tiene que percibir regalías y excedentes de Salto Grande como corresponde, no como durante los más de 12 años de gobiernos peronistas que retacearon recursos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a partir de una resolución de Duhalde. Decir que vamos a provincializar Salto Grande es demagogia inconducente. Salto Grande, como el petróleo, es nacional. En el caso del petróleo, debería serlo, pero esa es otra historia. 
La discusión de las tarifas eléctricas pasa por otro lado; y si los recursos de la CAFESG se recuperan a partir de la paulatina normalización de los cuadros tarifarios es mucho lo que puede hacerse en se sentido a fines de promover algunas actividades estratégicas para el desarrollo regional; en vez de financiar proyectos de dudosa rentabilidad social y generalmente con sospechosos sobreprecios. 
Lo que hay que hacer con Salto Grande es finalizarla. Es una obra inconclusa. Hay que transformarla en un proyecto estratégico que haga realidad los propósitos múltiples que con acierto se incorporaron en el convenio de 1946 con este orden de prioridades: agua potable y saneamiento, navegación, energía eléctrica, riego. Sólo de esa manera podrá convertirse en una efectiva herramienta de promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.-
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