Diputados radicales de Entre Ríos reclaman que se otorgue la personería gremial a la CTA

Diputados provinciales de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de resolución por el que proponen solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que "reconozca la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)".

En los fundamentos del proyecto, una iniciativa del presidente del bloque radical, José Antonio Artusi y que lleva también la firma de los diputados Mirta Alderete y Marcelo López,se sostiene que "la Central de Trabajadores Argentinos viene solicitando sin éxito desde el año 2004 el reconocimiento de su personería gremial". "Consideramos que la dilación del gobierno nacional constituye una flagrante violación a la libertad y a la democracia sindical"; consideraron los legisladores de la UCR.

A continuación, el texto completo del proyecto:
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.-. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que reconozca la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
ARTÍCULO 2°.- Solicitar a la H. Cámara de Senadores y a la H. Cámara de Diputados de la Nación que procedan a exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a obrar en el mismo sentido de lo solicitado en el Artículo 1° de la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- De forma.-

ARTUSI

FUNDAMENTOS
Honorable Cámara:
La Central de Trabajadores Argentinos viene solicitando sin éxito desde el año 2004 el reconocimiento de su personería gremial. Consideramos que la dilación del gobierno nacional constituye una flagrante violación a la libertad y a la democracia sindical. En tal sentido reproducimos a continuación parte de un documento que la propia CTA divulgó en su página web:
“La reciente visita de una Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pudo verificar en vivo y en directo la falta de libertad y democracia sindical que existe en nuestro país y las derivaciones que tiene la falta de apego del Gobierno argentino al Convenio 87 de la OIT para los trabajadores que sufren magros salarios, precarización laboral y persecución sindical. Hay una cuenta regresiva ante la respuesta negativa del Gobierno; es insostenible la posición oficial de seguir desconociendo los informes de la OIT, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la demanda de la CTA. La Central lleva desde su fundación, hace casi dos décadas, una lucha incesante por la libertad y la democracia sindical en la Argentina que se resume a, ni más ni menos, exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional. La discriminación a la que está sujeta la CTA y cientos de otros sindicatos es evidente y marca la consigna con la que más de 15 mil trabajadoras y trabajdores se movilizaron al Congreso Nacional el 6 de mayo: "En la Argentina no somos todos iguales". Los sindicatos simplemente inscriptos no pueden recaudar las cuotas de sus afiliados a través de la retención directa de la nómina salarial; no pueden participar en las elecciones de delegados del personal; no tienen fueros sindicales por la inacción de las autoridades en enviar al Congreso el proyecto de ley que adecue la ley argentina al Convenio de la OIT. Durante el año pasado se registraron 358 denuncias por violaciones a la libertad sindical en todo el país y el 37% de ellas fueron por "actos de violencia cometidos contra trabajadores con motivo de la realización de actividades gremiales". No hay justa distribución de la riqueza sin libertad y democracia sindical. El Gobierno persiste en desconocer el derecho de los trabajadores a organizarse sin ataduras de ninguna especie. El poder no quiere que se reconstruya la unidad de la clase obrera desde una perspectiva que cuestiona de raíz su fabulosa rentabilidad. Por eso se niega a permitir la elección de delegados en sus empresas. No es casual que el principal defensor del viejo modelo sindical sea Daniel Funes de Rioja, el emblemático abogado de la UIA. El Gobierno es partícipe necesario de esta estrategia de estigmatización del nuevo modelo sindical. Su negativa a otorgar la personería gremial a la CTA y a más de dos mil quinientas organizaciones sindicales simplemente inscriptas y a no conceder la simple inscripción gremial a cientos de nuevas organizaciones, no sólo es contraria a la Constitución Nacional. Extiende en el tiempo la indefensión de los trabajadores. Discutir la libertad y la democracia sindical no es un ejercicio retórico. No se trata de polemizar sobre modelos sindicales en abstracto. Por el contrario, remite a la vida concreta de miles de trabajadores que sufren en carne propia el atropello y la impunidad patronal.”
El 30 de Abril de 2010 los diputados nacionales Lozano, Basteiro, Giubergia, Cuccovillo, Iturraspe, Favario, Piemonte, Stolbizer, Gil Lozano, Merchan, Donda Pérez y Bonasso presentaron un proyecto de resolución por el que proponían “solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos que correspondan, informe a esta Cámara sobre el estado del Trámite de personería gremial de la CTA iniciado en agosto del 2004, sin que hasta la fecha el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se haya pronunciado al respecto.” En los fundamentos de la iniciativa los legisladores sostenían que “atento el tiempo transcurrido sin haberse resuelto el tramite iniciado en 2004 para la obtención de la personería gremial por parte de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), es que los abajo firmantes venimos a solicitar al Poder Ejecutivo Nacional dé cuentas acerca del estado del tramite y las causas por las cuales el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no se ha expedido en relación al mismo. Han sido reiterados los reclamos efectuados por la Organización Internacional del Trabajo respecto de la necesidad de resolver, sin demora, la solicitud formulada por la CTA en el año 2004. Al respecto la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT para su informe a la 99ª reunión que se llevará a cabo en Ginebra en Junio del año 2010 se expidió en los siguientes términos: "La Comisión lamenta, una vez más, el largo tiempo transcurrido - más de cinco años - sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado en relación con el pedido de personería gremial de la CTA. En estas condiciones, teniendo en cuenta el perjuicio que produce esta situación en dicha organización sindical, la Comisión urge nuevamente al Gobierno a que sin demora se pronuncie al respecto y que informe sobre toda evolución en relación con esta cuestión." Cabe recordar que la personería gremial de la CTA fue solicitada en forma exclusiva teniendo en cuenta la personería gremial de sus sindicatos afiliados, sin requerir el cotejo con la Confederación General del Trabajo (CGT) ya que, en base a criterios establecidos en sede administrativa y judicial, las entidades de segundo y tercer grado pueden acceder a la personería gremial en concordancia con la que poseen sus sindicatos de base (sistema radial ascendente). La demora en resolver el trámite administrativo constituye una violación no sólo a los derechos sindicales de la CTA y los trabajadores que han optado por afiliarse a ella, tanto individualmente como a través de las organizaciones que la componen, sino que también implica un desconocimiento del derecho a un debido proceso, garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Así, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el debido proceso debe ser respetado por cualquier autoridad pública, administrativa, judicial o legislativa, que a través de sus resoluciones determine el alcance de los derechos u obligaciones de las personas. En tal sentido, del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se desprende que dentro del debido proceso se encuentra el derecho a obtener un pronunciamiento de la autoridad pública correspondiente en un plazo razonable. A su vez, este pronunciamiento debe estar fundado, y no puede estar sujeto al arbitrio del órgano estatal. La circunstancia de que el trámite iniciado por la CTA esté pronto a cumplir seis años sin resolución de ningún tipo da cuenta de la existencia de una afectación al debido proceso, que requiere ser subsanada a la brevedad por parte de la autoridad pública.”
A su vez el 5 de Mayo de 2010 los diputados nacionales Ciciliani, Fein, Viale, Barrios, Cuccolvillo y Cortina presentaron un proyecto de resolución, reproduciendo uno anterior del diputado nacional con mandato cumplido Hermes Binner, proponiendo “exhortar al Poder Ejecutivo a reconocer sin dilaciones la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio Nº 87 de la OIT, considerando que dicho reconocimiento consolidará el funcionamiento democrático del movimiento obrero argentino”. En los fundamentos, los legisladores mencionados consideran que “la Central de Trabajadores Argentina lleva seis años solicitando el otorgamiento de la personería gremial sin resultado alguno. La organización, pese a carecer de personería tiene cerca de un millón de afiliados y es reconocida en ámbitos nacionales e internacionales. Participa activamente en las instituciones del MERCOSUR, en el Consejo de Empleo, productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Su accionar gremial y su representatividad requieren un tratamiento jurídico acorde a su trascendencia, por ello hace años se viene reclamando el reconocimiento de la personería gremial que le posibilite ejercer sus funciones con plenitud de derechos y obligaciones. Consideramos que el gobierno argentino debe proceder en forma urgente a la concesión de la personería cumpliendo con el Convenio 87 de la OIT de libertad sindical y acatar las recomendaciones este organismo internacional ha formulado en el sentido de dar respuesta positiva a la solicitud interpuesta por la CTA. Este paso constituirá un aporte concreto hacia la construcción de un movimiento obrero democrático, con libertad sindical, lo que otorgará mayor capacidad de organización en defensa de los derechos de los trabajadores. Son las organizaciones sindicales las que juegan un rol decisivo para impulsar y avanzar hacia una mejor calidad del trabajo y un mayor y más estable empleo. En un país como el nuestro, donde la legislación laboral y los derechos de los trabajadores han sido devastados por la desregulación y las concepciones del neoliberalismo que han impuesto las reglas del mercado para tratar al trabajo como una mercancía más, los trabajadores deben poder participar en las organizaciones obreras con mayor libertad sindical. Este histórico reclamo debe ser atendido si queremos consolidar los cambios necesarios para revertir el negativo proceso gestado en las pasadas décadas contra los derechos de los trabajadores. La Central de Trabajadores Argentinos debe ser reconocida con la personería gremial correspondiente lo que sin duda alguna, fortalecerá al movimiento obrero y con ello, a los derechos de todos los trabajadores”.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto.

José Antonio Artusi