sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al I.A.P.V.


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA
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jueves, 30 de marzo de 2017

A 41 años del golpe: NUNCA MÁS!


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domingo, 5 de marzo de 2017

Entrevista en Impacto Regional

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jueves, 23 de febrero de 2017

SALTO GRANDE ES NACIONAL, Y ES UN PROYECTO INCONCLUSO


Por José Antonio Artusi / "... Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias...." Del artículo 40 de la Constitución de 1949. Inspiración del convencional entrerriano Arturo Sampay. Esa reforma constitucional nació viciada y tuvo como único fin la reelección de Perón, tal como lo denunciara Moisés Lebensohn en su histórico discurso en la convención; pero la nacionalización de los hidrocarburos fue un gran avance que todos haríamos bien en reivindicar, y que lamentablemente radicales y peronistas traicionamos en la reforma del 94, también generada por la posibilidad de incluir la reelección presidencial; que la sabia Constitución de 1853 no contemplaba. 
Pero volvamos al artículo 40; parece que algunos compañeros se olvidaron. Ironías de la historia, Sampay era concordiense. 
Salto Grande es nacional, mejor dicho, binacional. Entre Ríos tiene que percibir regalías y excedentes de Salto Grande como corresponde, no como durante los más de 12 años de gobiernos peronistas que retacearon recursos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a partir de una resolución de Duhalde. Decir que vamos a provincializar Salto Grande es demagogia inconducente. Salto Grande, como el petróleo, es nacional. En el caso del petróleo, debería serlo, pero esa es otra historia. 
La discusión de las tarifas eléctricas pasa por otro lado; y si los recursos de la CAFESG se recuperan a partir de la paulatina normalización de los cuadros tarifarios es mucho lo que puede hacerse en se sentido a fines de promover algunas actividades estratégicas para el desarrollo regional; en vez de financiar proyectos de dudosa rentabilidad social y generalmente con sospechosos sobreprecios. 
Lo que hay que hacer con Salto Grande es finalizarla. Es una obra inconclusa. Hay que transformarla en un proyecto estratégico que haga realidad los propósitos múltiples que con acierto se incorporaron en el convenio de 1946 con este orden de prioridades: agua potable y saneamiento, navegación, energía eléctrica, riego. Sólo de esa manera podrá convertirse en una efectiva herramienta de promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.-
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viernes, 16 de diciembre de 2016

Diputados de Cambiemos proponen crear la Federación Entrerriana de Municipios

El proyecto, que ingresó al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de diciembre pasado, fue presentado por el radical José Antonio Artusi y firman como coautores todos los diputados del bloque Cambiemos. 
El artículo 1º de la iniciativa establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 24.807, que dispone la creación de la Federación Argentina de Municipios, y convoca a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y “disponer las medidas gubernamentales conducentes a promover en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de contribuir a fortalecer el quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local”. Según señala el segundo artículo de la iniciativa que promueve Artusi, la Federación Entrerriana de Municipios será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos”. Contará con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con las capacidades reconocidas por el Código Civil Argentino a las entidades públicas no estatales. “Actuará bajo el régimen de esta ley y las disposiciones que la propia entidad adopte para reglar y ordenar su funcionamiento, conforme a los procedimientos que resulten de su estatuto orgánico y en concordancia con lo preceptuado en la presente norma”, se lee en otro de los artículos. Sus metas serán “contribuir al fortalecimiento de un sistema de democracia representativa y participativa, pluralista y federal, y defender la vigencia de la autonomía municipal”, además de constituirse en “el ámbito institucional natural de convergencia de los municipios, desarrollando acciones dirigidas a fortalecer su rol y mejorar su gestión institucional”. Otro de los objetivos de la Federación será “representar a los municipios asociados ante los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la Nación y la Provincia, agencias, entidades y organismos extranjeros e internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al quehacer municipal”. Se trata de un proyecto legislativo que establece que será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos” • Tendrá domicilio legal en Villaguay, pero podrá funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción”, se indica en la iniciativa a la que tuvo acceso APFDigital El proyecto también crea una “Comisión Asesora Permanente”, que estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores (tres por la mayoría y uno por la minoría) y tendrá como objetivo “velar por el respeto de la autonomía municipal y el federalismo” y “coordinar con el Poder Ejecutivo actividades de fomento de la autonomía, capacitación del personal, modernización de la administración municipal y promoción del desarrollo económico local”, entre otros. La Federación deberá rendir informe sobre ingresos percibidos y erogaciones realizadas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. “El domicilio legal y la sede de la Federación Entrerriana de Municipios se establece en la ciudad de Villaguay, pudiendo funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción y dirección”, establece el artículo 14 del proyecto presentado por el diputado Artusi.
Fundamentos:  En los fundamentos de la iniciativa que presentó, Artusi manifestó que el proyecto “reproduce, con ligeras modificaciones, el de nuestra autoría que fuera presentado en esta Cámara el 22 de abril de 2008 y que, lamentablemente, al no ser tratado, fue archivado el 11 de abril de 2013”. Los municipios tienen problemáticas similares e intereses que suelen ser coincidentes, lo cual constituye “una razón más que suficiente para abordar la experiencia de organizar un ámbito asociativo que permita a los municipios discutir sobre problemas e intereses comunes y encontrarles soluciones en conjunto”. Otro de los puntos que se destacan es que la Federación posibilitará el abordaje de “temáticas vinculadas a la relación con la Provincia, en particular en lo que hace a la asignación de recursos financieros y al gasto público en obras”. En otro de los párrafos del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia se aclara: “Por cierto que sería una ingenuidad suponer que la sola aprobación de un texto normativo dará vida a la Federación Entrerriana de Municipios. Lo que se propone aquí es brindar un marco jurídico básico que sirva de herramienta a los gobiernos locales de nuestra provincia para encarar la conformación de una instancia que sirva a sus necesidades, lo que redundará en beneficios sus comunidades”. 
 Fuente: APFDigital
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"La decisión de acusar es coherente y responsable"

Declaración del Bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos: 
"El juicio político al vocal del STJ Carlos Chiara Díaz, cuya acusación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, es un hito relevante para la sociedad y las instituciones entrerrianas, porque se puso en marcha un mecanismo constitucional al que no estamos acostumbrados. 
Los informes que recibimos, la abundante y contundente documentación que comprueba las continuas irregularidades cometidas por el vocal suspendido, a lo largo de 74 páginas de análisis y merituación de las pruebas del dictamen de la Comisión de Juicio político que acompaña este comunicado, nos eximen de cualquier comentario adicional y avalan nuestra conducta y nuestro voto. Se inició así el proceso acusatorio para que, finalmente, sea la Cámara de Senadores quien juzgue. 
Hay ciudadanos que pueden no compartir el criterio seguido por los diputados del Bloque de Cambiemos. Es comprensible. La democracia moderna se basa en la representación del pueblo y en la toma de decisiones que, necesariamente, no van a ser del agrado de todos. Ahora bien, atribuir malicia o ineptitud a quienes no hacen lo que uno quiere es, sencillamente, no comprender en qué consiste la política democrática. 
Desde el Bloque de Cambiemos hemos mantenido una actitud seria y responsable, la cual no vamos a abandonar para caer en interesadas polémicas. Tampoco contestaremos agravios infundados. 
Ocurre que para cambiar no alcanza con tener coraje: hace falta trabajar. Lejos de las estridencias de quienes creen poseer la verdad, los diputados de Cambiemos trabajamos en el marco del rutinario funcionamiento de las instituciones. Quizás sea deslucido, pero la cultura democrática requiere de la normalidad, del diálogo. Todo eso es la buena política. 
La decisión de acusar no tiene como causa ningún acuerdo de impunidad, tampoco vamos a encubrir a nadie. Muy sencillamente, el Bloque de Diputados de Cambiemos ha obrado con coherencia: fuimos quienes pedimos abrir la investigación en el primer juicio político para Chiara Díaz, que llamativamente, el justicialismo rechazó sin ni siquiera analizarlo y tuvimos la misma actitud, fundada en un intenso debate interno, con el segundo juicio sobre el mismo magistrado.
Del mismo modo, pese a su manifiesta animadversión para con el Radicalismo, que tanto sufrió el gobierno de Montiel que lo tuvo como opositor desleal, pese a los tres procesos judiciales que tiene el magistrado y que no formaban parte de la denuncia, analizamos con responsabilidad todas las pruebas de juicio, y entendimos necesario apoyar la acusación. 
Quienes ahora descubren en el vocal acusado la salvaguarda de la ética republicana, debieran recordar que fue él quien encabezó, junto a la hoy presidente del Superior Tribunal, el desguace de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la condena judicial por un viático mal asignado al Dr. Rovira, vaya paradoja. 
Asimismo, nos presentamos ante el Procurador General para pedir que investigue la versión taquigráfica del descargo del magistrado ante la Comisión de Juicio Político, para que informe si sus denuncias representan delitos de otros jueces y funcionarios allí mencionados. Y actuaremos con la misma responsabilidad en el juicio político presentado a la Presidente del Tribunal, la Dra. Mizawak, pidiendo que se abra la investigación con la misma garantía del debido proceso que tuvo en este caso el Dr. Chiara Díaz. 
El Poder Judicial en particular y las instituciones públicas de la provincia en general, comienzan un proceso de mejora en su funcionamiento y de mayor transparencia en su accionar. En eso trabajamos. 
Por eso propusimos y logramos que se eliminen los gastos reservados para el STJ en el presupuesto 2017 y, ante denuncias serias pusimos en marcha los mecanismos constitucionales de investigación y juicio justo. El mes de marzo de este año presentamos un proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción. Es ley nuestro proyecto para que los cargos de los organismos de control se designan por concurso, y el Presidente interino del Tribunal de Cuentas ya no responde al gobierno, porque logramos que sea un funcionario de carrera. Tiene media sanción la Ley de Ética Pública. Propusimos limitar los gastos reservados, el uso de los fueros, como el de vehículos oficiales. Por citar sólo algunos ejemplos. 
No vamos a actuar nunca a escondidas de la sociedad ni de sus instituciones. No vamos a encubrir a nadie. 
A integrantes de nuestro bloque no les ha temblado la mano para presentarse ante la Justicia ante hechos de corrupción, aún antes de ser legisladores, y lo haremos cada vez que lo estimemos necesario. 
Somos un bloque opositor y así lo hemos evidenciado en numerosos proyectos presentados y en nuestras expresiones públicas. La oposición la ejercemos de modo serio y responsable. Por eso no rehuimos el debate y el diálogo maduro en busca de acuerdos transparentes, en pos de construir una genuina cultura de la democracia pluralista que el kirchnerismo procuró destruir. 
Lo que pase en los poderes del Estado lo van a saber todos los ciudadanos de esta provincia. Hace ya un año que nuestra línea de conducta como bloque ha sido la misma: debate interno franco, investigación seria de los temas y toma de decisiones claras, transparentes y efectivas. No esperen otra cosa de nosotros".- 

Bloque de Diputados de Cambiemos: Sergio Kneeteman, Esteban Vittor, Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Antonio Artusi, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, Alberto Rotman, Fuad Sosa, María Alejandra Viola.
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miércoles, 16 de noviembre de 2016

EL DIPUTADO ARTUSI INSISTE EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA LEY GENERAL DEL AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley general del ambiente para la provincia de Entre Ríos, rescatando una iniciativa del ex diputado Jorge Kerz. En los fundamentos el legislador radical sostiene que el proyecto "reproduce, con ligerísimas variantes, el que fuera aprobado por esta Cámara, por unanimidad, el día 31 de marzo de 2011 (Expediente 18.530). La norma procuraba obtener una ley general del ambiente o ley marco ambiental para la provincia de Entre Ríos, en procura de reglamentar los numerosos y hasta detallistas avances que se verificaron en materia de nuevos derechos, principios e instrumentos de gestión ambiental en la reforma de la Constitución provincial en el año 2008." Artusi señaló que la redacción de aquel proyecto original fue el resultado de un arduo y trabajoso proceso de elaboración participativa de la norma a partir de la constitución de una comisión ad hoc creada al efecto por iniciativa del diputado Jorge Kerz. A tal punto primó la obtención de acuerdos y la utilización de metodologías de participación que el proyecto fue firmado por legisladores de todos los bloques: Kerz, Haidar, Flores, Bettendorff, Argain, D´Angelo, Artusi, Bescos, Alderete, Nogueira y Benedetti." El legislador uruguayense manifestó que "lamentablemente, y a pesar de la amplia legitimidad obtenida no sólo por la unanimidad lograda en esta Cámara sino también por los aportes de la sociedad civil, la disfuncionalidad de nuestro sistema bicameral hizo que el proyecto no fuera tratado en la Cámara de Senadores; por lo que entendemos necesario insistir en la necesidad de lograr la sanción de una norma de este tipo"; a la vez que enfatizó que "a 8 años de la reforma constitucional del 2008, es inadmisible que buena parte de los nuevos derechos, institutos e instrumentos de gestión en materia de política ambiental sean prácticamente letra muerta por falta de leyes que los reglamenten". El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21697 
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EL DIPUTADO ARTUSI PROPONE MODIFICAR EL RÉGIMEN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley tendiente a la reforma del régimen de gestión integral de residuos domiciliarios en la provincia de Entre Ríos.
En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical sostiene que el proyecto "reproduce, en lo sustancial, el contenido del que presentáramos el 3 de Diciembre de 2009 y fuera girado a la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, donde lamentablemente no fue tratado (Expediente nº 17.691). Durante la gestión anterior, el día 31 de Marzo de 2015, dicho proyecto fue remitido al Archivo. Es verdad que luego se sancionó la Ley nº 10.311, publicada en el Boletín Oficial el 23 de Junio de 2014; y debe reconocerse que dicha norma representó un notorio avance con respecto al vacío legislativo que significaba carecer de una legislación referida a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos o residuos domiciliarios, complementaria de la Ley nacional 25.916, que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental en esta materia."
Artusi expresó que "lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido, esta ley todavía no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo y la realidad nos indica que se está aún muy lejos de su aplicación rigurosa y efectiva. Hemos presentado por ello un proyecto de resolución en este sentido. De todos modos, compartido en líneas generales el espíritu y los objetivos del proyecto original de la diputada Almirón, consideramos que podría generarse una normativa más precisa y operativa, que deslinde manera más clara obligaciones y competencias, por lo que en definitiva proponemos la derogación de la ley nº 10.311 y su sustitución por otra, cuyo texto podrá seguramente perfeccionarse en el tratamiento en comisión". 
El proyecto pretende establecer: a) Las normas complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional Nº 25.916 de “presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios”, con arreglo a la Ley Nacional Nº 25.675 General del Ambiente, y los Artículos 22º y 83º de la Constitución de Entre Ríos; y b) Los principios, conceptos, garantías, objetivos, pautas, plazos, prohibiciones, responsabilidades, obligaciones y competencias para la gestión integral de los residuos domiciliarios generados en la Provincia de Entre Ríos, en forma sanitaria y ambientalmente adecuada. 
El texto completo del proyecto del legislador uruguayense puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21722
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lunes, 14 de noviembre de 2016

EL DIPUTADO ARTUSI PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY PARA REGLAMENTAR LA PUBLICIDAD OFICIAL

El diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley tendiente a reglamentar la publicidad oficial en la provincia de Entre Ríos. 
A continuación el texto completo del proyecto:
La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos
sanciona con fuerza de Ley:
ARTÍCULO 1º: La presente Ley establece el régimen jurídico de las campañas de publicidad y comunicación oficial, promovidas y contratadas por el Estado Provincial, comprendiendo la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, los entes autárquicos y las empresas del Estado. La publicidad oficial de entes autárquicos y empresas del Estado deberá tener relación directa con el objeto social de los mismos. 
ARTÍCULO 2º: Se considera Publicidad Oficial a toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional, de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación, por los organismos comprendidos en el artículo 1º, para difundir acciones o informaciones de interés público. Su objeto es garantizar la vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública. 
ARTICULO 3º: Las actividades señaladas en el artículo precedente lo son a modo indicativo y no en forma excluyente, debiendo incluirse las ya desarrolladas y las que se desarrollen en el futuro por el avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), para mejorar la comunicación del Sector Público Provincial con los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión e incrementar la transparencia.
ARTICULO 4º: Podrán ser destinatarios de la pauta oficial solamente aquellos medios y/o productoras de contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios, que al momento de la asignación se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Proveedores de Publicidad Oficial. 
ARTÍCULO 5º: La adjudicación de publicidad oficial se rige por los principios de interés general, libre acceso a la información, transparencia, razonabilidad, acceso equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión, eficacia, austeridad, veracidad, y optimización en el uso de recursos públicos, debiendo atender a los criterios de claridad, objetividad, utilidad, relevancia y pertinencia respecto al público al que va dirigida. 
ARTÍCULO 6º: La Publicidad Oficial deberá tener por finalidad:
a) afianzar los valores y principios constitucionales; 
b) promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos;
c) incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad en la vida pública;
d) divulgar el patrimonio histórico y cultural de la Provincia de Entre Ríos en pos de su defensa y conservación; 
e) difundir disposiciones normativas, especialmente las que por su importancia e impacto social requieran la adopción de medidas complementarias a fin de lograr el conocimiento general; 
f) preservar el ambiente y los derechos de usuarios y consumidores; 
g) comunicar programas o políticas públicas relevantes para el interés social; 
h) difundir la producción de servicios de entidades o instituciones públicas.
i) contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres respetando la diversidad social y cultural presente en la comunidad.
j) promover la educación para la salud y la adopción de conductas saludables.
ARTÍCULO 7º: La publicidad oficial no podrá utilizarse para:
a) elogiar o destacar la gestión y/o la labor de las autoridades o funcionarios públicos; 
b) fomentar expresa o tácitamente los intereses de ningún partido político, sindicato, u organización empresarial; 
c) menoscabar o perturbar las actuaciones legítimas adoptadas por otro poder público en el ejercicio de sus competencias;
d) transmitir mensajes discriminatorios o contrarios a los principios, valores, declaraciones, derechos y garantías que conforman el régimen republicano democrático consagrado en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución Provincial;
e) inducir en forma directa o indirecta a la violencia o a comportamientos contrarios al orden público;
f) contribuir a confusión con la utilización de símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social;
g) crear una imagen negativa o engañosa de una entidad o de una persona.
ARTÍCULO 8º: Queda vedada toda emisión de Publicidad Oficial durante las campañas electorales. La autoridad de aplicación determinará el plazo previsto para este caso. Quedan exceptuadas las campañas que tengan directa relación con la información a los ciudadanos sobre el acto eleccionario como así también aquellas que resulten imprescindibles para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos o tendientes a resguardar el interés general.
ARTÍCULO 9º: Créase el Registro Provincia de Proveedores de Publicidad Oficial. La autoridad de aplicación confeccionará y actualizará el Registro Provincial de Proveedores de Publicidad Oficial y fijará los requisitos exigibles para solicitar la inscripción en dicho registro. El Registro deberá consignar como mínimo los siguientes datos:
a. Identificación del medio y de sus propietarios o miembros societarios.
b. Licencia, autorización o habilitación para aquellos medios alcanzados por la Ley nacional N° 26.522 y/o la Ley N° 27.078
c. Ámbito geográfico de cobertura de cada uno de los medios de comunicación.
d. Domicilio legal constituido.
e. Cuadro tarifario actualizado.
f. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales.
g. Acreditación del tiempo de permanencia en la actividad. En el caso de los medios que difunden sus contenidos por internet, esa antigüedad no podrá ser menor a un año, para poder registrarse.
h. Información sobre si se cuenta con algún código de ética periodística o manual de buenas prácticas, o si se ha adherido a algún protocolo voluntario, relativos a la no discriminación, protección de la infancia y la niñez, y/o tratamiento de noticias relativas a la violencia de género, tanto a nivel nacional o internacional.
ARTÍCULO 10º: La partidas presupuestarias destinadas a la publicidad oficial se distribuirán por campañas. La autoridad de aplicación planificará las mismas mediante un Plan Anual de Publicidad Oficial que especificará su temática y duración. La fijación de la Publicidad Oficial, el valor de la misma y su posterior contratación guardarán relación con el ordenamiento surgido del proceso de licitación pública convocado por la autoridad de aplicación. Bajo ninguna circunstancia se asignarán montos en concepto de Publicidad Oficial en forma de contratación directa.
ARTICULO 11º: Plan anual de publicidad oficial. La autoridad de aplicación debe desarrollar un Plan Anual de Publicidad Oficial que enuncie cada campaña de comunicación de los organismos comprendidos en la presente Ley para el año siguiente. En el plan anual de publicidad oficial deben especificarse los siguientes datos, por cada una de las campañas de publicidad oficial:
a) El objetivo, descripción y fundamento que justifique la campaña;
b) Organismos y entidades solicitantes y afectadas;
c) Destinatarios de los mensajes;
d) Costo estimado de diseño y producción;
e) Presupuesto estimado de difusión;
f) Oportunidad y período de ejecución en cada caso;
g) Características que deben reunir los medios de comunicación, para que la campaña de publicidad oficial alcance los objetivos propuestos de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
ARTÍCULO 12º: Reserva ante emergencias. La autoridad de aplicación destinará el diez por ciento (10%) del presupuesto total previsto para publicidad oficial, para llevar a cabo las campaña no previstas en el Plan Anual de Publicidad Oficial. Estas campañas de emergencia sólo podrán ser motivadas por la presencia de una catástrofe natural, amenazas a la salud pública, seguridad o ambiente, y alteraciones al orden social o al normal funcionamiento de los servicios públicos en alguna zona de la provincia. En el caso de que no haya sido necesario llevar a cabo campañas de emergencia durante el año calendario, dicha reserva podrá ejecutarse para fines ordinarios en cualquier momento del cuarto trimestre de dicho año, debiendo informar sobre tal situación y el modo de utilización de dichos fondos.
ARTICULO 13º: Criterios Objetivos. Las partidas de publicidad oficial se asignarán por campaña y utilizando los siguientes criterios objetivos:
a) Alcance del medio: En función de su circulación o audiencia, para cuya determinación se tendrán en cuenta los indicadores de referencia en cada mercado y los registros que el proveedor certifique mediante declaración jurada.
b) Pertinencia del mensaje: En función de la especialización del medio o plataforma y en relación a la audiencia o público objetivo del mensaje.
c) Zona geográfica: En función que los mismos posean una comprobable cobertura de una determinada zona o región geográfica en la cual se encuentre circunscripta la audiencia o público objetivo del mensaje.
e) Fomento del equilibrio territorial y la pluralidad de voces: En función que los medios o plataformas sean gestionados por micro, pequeñas y medianas empresas y organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten debidamente su fin social, y/o que emitan en las categorías de baja potencia según las definiciones técnicas que establece el Ente Nacional de Comunicaciones.
En cada una de las campañas de publicidad oficial deberán ser contemplados la totalidad de los criterios enunciados. La autoridad de aplicación establecerá en cada caso el orden de prioridad de estos criterios. En ningún caso alguno de los criterios podrá superar el 60% de la ponderación total para cada campaña.
ARTICULO 14º: La autoridad de aplicación procederá a establecer en cada Plan Anual de Publicidad Oficial los porcentajes de montos a distribuir por tipo y categoría de medios de comunicación. 
ARTICULO 15º: Una vez asignados los recursos en base a los criterios establecidos en la presente ley, la autoridad de aplicación llamará a licitación pública por tipo y categoría según las necesidades reales de cada área o ente del Estado. La reglamentación establecerá los modos de adjudicación de la publicidad oficial, procurando respetar los criterios objetivos de asignación y la pluralidad de voces. 
ARTICULO 16º: Los recursos destinados a las contrataciones dispuestas en la presente ley surgirán de las partidas presupuestarias para tal fin en cada ejercicio financiero.
ARTICULO 17º: Los entes descentralizados y organismos autárquicos del Estado Provincial deberán desarrollar un plan ejecutivo de desarrollo comunicacional, con un programa de inversión publicitaria y la correspondiente cuantificación presupuestaria debiendo ser dicho plan presentado ante la autoridad de aplicación para su aprobación e inclusión en el Plan Anual de Publicidad Oficial. 
ARTÍCULO 18º: La Publicidad Oficial no podrá tener un costo superior a lo que paga el sector privado por similar producto en el mercado, ajustando la asignación de fondos a principios generales de razonabilidad y transparencia.
ARTÍCULO 19º: La inscripción en el Registro Provincial de Proveedores de Publicidad Oficial Medios revestirá carácter de Declaración Jurada y por lo tanto la falsedad de datos allí vertidos dará lugar a la exclusión de ese registro y a las correspondientes acciones penales o civiles. El tiempo de exclusión será determinado por el Poder Ejecutivo mediante reglamentación.
ARTÍCULO 20º: El presupuesto destinado a Publicidad Oficial, los llamados a licitación, las ofertas que se presentaren, los nombres completos de los oferentes, el monto de cada cotización, el orden de las ofertas resultante del proceso de licitación y las contrataciones que se efectúen deberán publicarse en el Boletín Oficial y en el portal oficial de internet del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 
ARTÍCULO 21º: La autoridad de aplicación deberá difundir públicamente dos veces al año la información relativa a la distribución de publicidad oficial, consignando quienes resultaron destinatarios de la pauta en relación a la totalidad de los postulantes.
ARTÍCULO 22º: El Tribunal de Cuentas de la Provincia auditará en forma anual los gastos y prácticas en la Publicidad Oficial emitiendo el dictamen correspondiente el que deberá además ser publicado en el Boletín Oficial y en el portal de Internet del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 23º: Créase el Observatorio Provincial de la Publicidad Oficial, que dependerá del Poder Legislativo. El Observatorio estará integrado por tres (3) legisladores de la Cámara de Diputados y tres (3) de la Cámara de Senadores, que serán designados por sus respectivas cámaras con el voto de dos tercios de la totalidad de sus integrantes, no pudiendo los miembros de cada cámara pertenecer a un único bloque. 
ARTICULO 24º: El Observatorio Provincial de la Publicidad Oficial deberá realizar periódicamente una evaluación acerca de los gastos y prácticas en la Publicidad Oficial y podrá recibir las denuncias que hicieren los medios de comunicación o los particulares acerca de violaciones a lo establecido en la presente ley. Para cumplir adecuadamente con su función, deberá suministrársele toda la información y/o documentación para que pueda llevar adelante su cometido.
ARTICULO 25º: Quedan excluidos de los alcances de la presente resolución los avisos legales cuya publicación sea ordenada por disposición legal o autoridad judicial competente y la publicación de normas en el Boletín Oficial.
ARTICULO 26º: El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. 
ARTICULO 27: De forma.-
FUNDAMENTOS
H. Cámara: 
El presente proyecto de ley pretende contribuir a saldar una asignatura pendiente de la Legislatura entrerriana, en este caso a través de la reglamentación del Artículo 14 de la Constitución provincial reformada en 2008, que reza textualmente: “La publicidad oficial comprende la realizada por la Provincia, los municipios y las comunas, en todos sus estamentos y organismos. Su objeto es garantizar la vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública. Su adjudicación se rige por los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y austeridad. La ley establecerá pautas objetivas para asegurara la distribución equitativa y no discriminatoria de espacios en los medios de comunicación social que se inscriban para tal fin. La publicidad oficial no podrá incluir mensajes discriminatorios ni contrarios a los principios constitucionales. La de los entes y empresas deberá tener relación directa con el objeto social de los mismos”. 
Uno de los antecedentes del presente proyecto es una iniciativa de autoría del Diputado Marcelo López (Expediente 16725), que contó con nuestra firma, y que fuera presentado en el año 2008 y girado al archivo el 04/04/2013 por parte del Presidente de la Comisión de Legislación General. 
Se sostenía en los fundamentos de aquel proyecto que “la regulación de la distribución de la pauta oficial, es materia de debate de vieja data, la transparencia en el tratamiento de la misma es reclamada tanto por la ciudadanía como los medios de comunicación, ameritando la seriedad de la discusión y el compromiso parlamentario en la regulación del tema debido a la poca legislación existente. Es sumamente necesario que el Estado brinde las garantías legales, mediante una justa, sabia y confiable legislación, para que todo ciudadano pueda acceder a la información pública que debe ser clara, objetiva, útil, relevante y pertinente con el objeto de verificar el buen uso de los fondos públicos. Sabido es que las campañas publicitarias oficiales deben llevarse a cabo cuando existan razones de genuina relevancia social o interés público sobre el tema que va a darse a conocer. En este orden de ideas, los fondos que se afectan a estos fines, no deben ser utilizados para promover, ya sea explícita o implícitamente, los intereses de ningún partido político ni del gobierno de turno destacando los logros de su gestión, como lo prohíbe hoy la legislación española: según ésta, las campañas deben “servir a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”. Lamentablemente la pauta oficial muchas veces es usada para premiar a los medios afines y castigar a los críticos, constituyendo estos actos un claro avasallamiento de nuestros derechos y un abuso en cuanto a la discrecionalidad de por sí reinante a la hora de la distribución de los millones de pesos que el Estado afecta anualmente para la pauta oficial. En concordancia con lo mencionado hay estudios que reflejan que existen medios que tienen tal grado de dependencia con el gobierno -dado que su principal ingreso es lo que reciben por pauta oficial, sin la cual no podrían subsistir- que se encuentran en una situación de sometimiento que los convierte en rehenes de quienes detenten el poder: deberán complacerlos o corren el riesgo de desaparecer. Condicionan el contenido de sus expresiones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Emisiones Platenses S.A. s/ Acción de Amparo” (año 1997) ha dicho que “la utilización de la Publicidad Oficial como prebenda constituye un caso de censura indirecta”, la libertad de expresión puede verse conculcada con el manejo discrecional en la entrega de la Publicidad Oficial. Es decir, que la utilización discrecional de la publicidad, constituye una clara violación de los derechos constitucionales, principalmente el de libre expresión.
…El Estado debe asegurar transparencia y equidad como en todos sus actos, y no permitir sino por el contrario sancionar a quienes utilizan la discrecionalidad en la distribución de la pauta como un subsidio, premio o castigo a los medios afines al gobierno de turno. Estos modos de proceder conspiran contra todos los ciudadanos y lesionan los principios de nuestra tan ansiada democracia. Es necesario entonces contar con un mecanismo que reduzca o limite la discrecionalidad, evite la sospecha de favoritismos políticos e impida de este modo la corrupción.”
Coincidiendo con el espíritu y los objetivos de aquella iniciativa, que reivindicamos por haber sido pionera en este sentido, hemos optado sin embargo por introducir algunas modificaciones, en orden a la simplicidad y operatividad de la norma. Es así que hemos tenido en cuenta también como antecedentes el Decreto 183/08 de la Provincia de Tierra del Fuego y la Resolución nº 247 de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación, del 24/08/16. De los considerandos de dicha resolución nos interesa rescatar los siguientes párrafos: “Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en los fallos conocidos como “Editorial Río Negro” Fallos 330:3908; “Perfil” Fallos 334:109; y “ARTEAR” Fallos 337:47, estableció la obligación del Estado Nacional de contar con criterios claros, objetivos y equitativos para la distribución y asignación de la pauta oficial, declaró arbitraria la utilización de dicha pauta en virtud de las opiniones vertidas por los medios o a causa del contenido de las publicaciones periodísticas; y denegó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional haga un uso discrecional e injustificado de los recursos volcados a la pauta oficial.
Que en virtud de ello, resulta sustancial, plasmar en una norma los criterios fijados por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, al sistema de otorgamiento de pauta publicitaria oficial, buscando evitar las falencias que dicho Organismo Internacional ha detectado en diversos países de la región, muchos de los cuales resultan plenamente aplicables a la REPÚBLICA ARGENTINA, y en la materia.
Que la citada Relatoría ha destacado su rechazo al uso indebido de la publicidad oficial para condicionar contenidos; a la indiscriminada utilización del sistema de “auspicios” para beneficiar a unos en detrimento de otros, disponiéndose de fondos de pauta oficial sin transmitir mensaje alguno que sea de interés público, y condicionando la opinión del auspiciado; como así también la utilización de la publicidad oficial con fines propagandísticos y diversas otras problemáticas que deben ser resueltas.
Que en tal inteligencia el Estado Nacional entiende que la Comunicación Pública es un delicado instrumento del Estado para poner en conocimiento de los ciudadanos las maneras en que está cumpliendo con el mandato otorgado, de qué modo gestiona esa cesión de facultades que han sido conferidas con su voto, pero que a la vez encierra una condición sustancial: el ciudadano debe saber qué, cómo y porqué, y quien se lo comunique debe ser justamente aquel que recibió ese mandato.”
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto de ley.-
José Antonio Artusi
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EL DIPUTADO ARTUSI RECLAMÓ UN NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO OSUNA






El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de resolución que ingresó en la sesión del día Martes 8 de Noviembre de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, por el que propone "solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad que proceda a llevar adelante todas las acciones tendientes a la construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo Osuna, en la ruta provincial nº 42, entre las localidades de Colonia Elía y Concepción del Uruguay". La iniciativa del legislador radical surgió tras la preocupación manifestada por el concejal de Cambiemos de Colonia Elía Alejandro Aguilar, ante el evidente estado de deterioro del mencionado puente.-
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